Los neocon (o neoconservadores) son una ideología ultra conservadora que surge en los años 80 y triunfa globalmente, sobre todo después de la caída del muro de Berlín (1989). Los gobiernos de Reagan y Thatcher van a dar forma práctica y concreta a todas estas ideas que predicaban el capitalismo popular, la hegemonía de lo privado, vivienda privada, micro-empresarios privados emprendedores-competitivistas, desmantelamiento de lo público, etc.
El neoconservadurismo y el liberalismo salvaje es identificado como la única ideología posible, tal como expresó Margaret Thatcher en su discurso de 21 de mayo de 1980 en la Conferencia de Mujeres Conservadoras “There´s no alternative” (no hay alternativa, o TINA por sus siglas en inglés). En la declaración política conservadora del Partido Conservador (1976) se afirma claramente que hay que alienar a la población de su conciencia de clase, porque «no es la existencia de clases lo que amenaza la unidad de la nación, sino la existencia del sentimiento de clase«.
Thatcher fue primera ministra británica entre 1979 y 1990, y sus referentes eran el General Pinochet y la doctrina de la Escuela de Chicago de Milton Friedman y Friederich Hayek. Thatcher era una defensora a ultranza del individualismo. Consideraba que el individuo era el centro de la sociedad y el que debía proveerse de todo lo necesario para subsistir. De hecho, la líder tory llegó a declarar en una entrevista en 1987 que “¿quién es la sociedad? ¡No hay tal cosa! Hay hombres y mujeres individuales y hay familias”. Thatcher consideraba la pobreza un defecto de la personalidad y acusaba a los homeless de estar en su situación por propia responsabilidad, pidiendo casas al estado sin hacer nada para cambiar su situación, y en 1980 vendió las viviendas sociales (council houses) a fondos privados inmobiliarios. Alfred Sherman, un asesor de Thatcher, le envió un informe (1982) relativo a la oficina del primer ministro en el que denominó como “parásitos” a determinados segmentos del sector público, como auxiliares de hospital, trabajadores sociales, o funcionarios municipales, «entre otros» (subrayado en el original). Durante el mandato de Thatcher, llegó a reducir en casi seis puntos los programas sociales de ayuda. “Deberíamos respaldar a los trabajadores, no a los gandules”, dijo Thatcher en 1975 dentro de su campaña de criminalización contra los más pobres. Cuando la Dama de Hierro accedió al poder en 1979 el nivel de pobreza era del 13,4%; cuando dejó el gobierno en 1990, el índice alcanzaba el 22%.
Thatcher llevó a cabo un proceso desnacionalizador sin precedentes. Su política agresiva de privatizaciones llevó a bajar el peso del Estado en el PIB, en apenas cuatro años (1979-1983), de un 10,5% a un 6,5%. En este tiempo, privatizó el 20% del sector público británico, con empresas como la British Gas, Britoil, Enterprise Oil, British Petroleum, British Telecom, Jaguar, Rolls Royce, British Airways y la distribución de agua y electricidad.
Una de las políticas económicas más claras para combatir cualquier oposición de izquierdas a las políticas neoliberales de Thatcher, y que marcaría a las generaciones futuras, sería su guerra contra el movimiento obrero y los sindicatos, argumentando que socavaban el poder democrático y el crecimiento económico con sus huelgas y protestas.
La crisis del petróleo de 1973 aún estaba sintiéndose en Reino Unido en 1975, con una inflación del 27%, y en 1976 se produjo la crisis de la libra esterlina. La decisión de unirse a la Comunidad Económica Europea se veía como un problema, en un contexto en el que se pedía mayor proteccionismo. En ese marco, ya se estaban valorando oficialmente medidas legales para reducir el poder de los sindicatos, por ejemplo, limitando el número máximo de días de huelga o multando las huelgas no oficiales.
La crisis del petróleo de 1973 provocó que el Reino Unido tuviera que abastecerse del carbón, lo cual supuso una mayor carga de trabajo para los mineros que, no obstante, habían visto reducido mucho su poder adquisitivo por la inflación y en enero de 1974 hicieron huelga que provocó unas elecciones anticipadas. El nuevo gobierno laborista llegó a un acuerdo de mejora salarial con los sindicatos en 1976, bajo la crítica del partido conservador que acusaba al gobierno de estar controlado por los sindicatos. En 1978 la inflación estaba sobre el 10% y el gobierno ofrecía a los sindicatos un incremento salarial del 5%, lo cual fue rechazado y se pedía que volviera la negociación colectiva libre por sectores como se había prometido. La Ford fue la primera gran empresa en ajustarse a la orientación gubernamental del 5% de incremento salarial y entre mediados de septiembre y octubre de 1978 se convocó una huelga no oficial, seguida por unas 57.000 personas. Finalmente, Ford aceptó un incremento salarial del 17%, a pesar de las sanciones gubernamentales.
En diciembre de 1978 los camioneros exigían un incremento salarial del 40% e hicieron huelga para reivindicarlo. A finales de diciembre se produjo una bajada brusca de temperaturas que bloqueó las carreteras por la nieve. La huelga de los camioneros seguía en marcha y no se podían limpiar las carreteras, con lo que se rompían todas las cadenas logísticas, incluidas las de la distibución de gasolina. Los ferroviarios y maquinistas de tren también estaban en huelga en ese momento. En enero de 1979 los sindicatos aceptaron una lista de emergencia de provisiones que serían transportadas, a criterio de los comités de huelga. A finales de enero se llegó a un acuerdo de incremento salarial del 20%.
En enero de 1979 se sumaron a las huelgas el personal sanitario y el sector público, que veían que sus compañeros conseguían incrementos salariales. Se unieron los conductores de ambulancias, que incluso llegaron a rechazar la atención a casi 1.000 llamadas de emergencia. En ese mes también los sindicatos aprobaron la huelga de servicios funerarios (funerarias, crematorios, enterradores), y algunos ayuntamientos como el de Liverpool tuvieron que alquilar fábricas para almacenar unos 25 cadáveres diarios, hasta que fueran incinerados o enterrados. Al final, tras 15 días de huelga, los sindicatos de funerarias aceptaron un incremento salarial del 14%.
A finales de enero también se unieron a la huelga los trabajadores de la gestión de residuos urbanos, amontonándose pilas de bolsas de basura en los grandes parques de ciudades como Londres, que atraían un gran número de ratas. Tras casi un mes de huelga, los sindicatos aceptaron un incremento del 11%.
En 1979 se estimó que se perdieron unos 29 millones de días de trabajo, en comparación con los 9 millones de días de trabajo que se perdieron en 1978. A finales de febrero aún había poblaciones aisladas porque no se había podido retirar la nieve aún. Los líderes del partido Laborista no creyeron que los sindicatos podían adoptar tales huelgas y el propio primer ministro laborista Callaghan denominó a las huelgas como «vandalismo colectivo».
En este contexto Margaret Thatcher fue introduciendo una legislación claramente dirigida a destruir los sindicatos: las huelgas tenían que someterse a votación entre la militancia, los piquetes que bloquearan carreteras o accesos se prohibieron, y se abolió la sindicación obligatoria para aquellos desempleados que quisieran encontrar trabajo en un sector determinado. La batalla final se produjo con las huelgas mineras de 1984-1985.
El National Union of Mineworkers (NUM) decidió convocar una huelga sin realizar las votaciones que exigía la nueva legislación, para que las minas de carbón fueran subsidiadas y no se perdieran más puestos de trabajo. En marzo de 1984 comenzó el apoyo del NUM a las huelgas de los mineros, así como a los bloqueos y piquetes, que incluso llevaron a disturbios con la policía y a la infiltración por parte del MI5. La prolongada huelga se juntaba con la medida que prohibía a las personas dependientes de los huelguistas obtener beneficios o prestaciones sociales, generando una gran presión en las familias en huelga. La recolección de fondos y donaciones provenientes de la URSS permitieron mantener la prolongada huelga. Las bases se pusieron en contra de la dirección nacional del NUM y se produjo un escisión la Union of Democratic Mineworkers. El seguimiento de la huelga por la militancia del NUM fue irregular en diferentes zonas, y había confrontaciones entre líderes sindicales e incluso entre huelguistas y trabajadores que habian decidido ir a trabajar. En marzo de 1985 finalizó formalmente la huelga, consiguiendo que la empresa pública minera que gestionaba todas las minas de carbón se comprometiera a posponer el cierre de cinco minas.
Los sindicatos británicos perdieron su poder, influencia y millones de militantes, dejando via libre a las políticas neoliberales de Margaret Thatcher, que precarizaron el empleo de millones de trabajadores/as. En 1979 los sindicatos británicos tenían 13,7 millones de afiliados, aproximadamente el 55% de la fuerza de trabajo. En 1988 sus afiliados se habían reducido a 10 millones, esto es a un 35% de la población activa. Las políticas contra los sindicatos y la desindustrialización en el hierro, acero y carbón, llevados a cabo por Thatcher fueron las causas de esta gran reducción de la sindicación. Este cambio en el sindicalismo británico generó un «nuevo» sindicalismo, más «realista», dispuesto a aceptar las políticas laborales del neoliberalismo.