El 13 de noviembre de 2002, un buque petrolero sufrió un accidente frente a la costa gallega. A las pocas horas del conocimiento del accidente, y sin ni siquiera haber evaluado por expertos la dimensiones del accidente, la Dirección General de la Marina Mercante ordena al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Finisterre que remolque al buque, a fin de alejarlo de las costas españolas y que se hunda con toda su carga contaminante. Una opción que también fue la pedida por las autoridades del gobierno autonómico de Galicia, por el miedo al impacto que podría tener la contaminación en la actividad pesquera y marisquera de la zona.
El Ministerio de Fomento y el Portavoz del Gobierno, repetían constantemente que el buque se iba a partir de forma inminente y que había que alejarlo. Sin embargo, esa decisión se tomó políticamente, sin una evaluación técnica de ingenieros navales en el buque. La realidad fue que el Prestige aguantó remolcado, en ruta hacia mar adentro, siete días, tiempo más que suficiente para que pudiera llegar a un puerto o zona de refugio y se extrajera controladamente su carga contaminante. Como no se hizo así, tal y como solicitaban el armador y la empresa de rescate contratada, el Prestige finalmente se partió y hundió el 19 de noviembre de 2002, a 437 km de la costa española. Hay que recordar que cuando los remolcadores consiguieron hacer firme el remolque (14 de noviembre, a las 8:50h), se encontraba a solo 8 km de la costa.
Por tanto, se desperdiciaron seis días y más de 400 km de navegación para buscar un puerto o zona segura para un trasvase de la carga contaminante. Ninguna autoridad local quería que el Prestige entrara en ninguno de sus puertos o rías para hacer esa operación que, aunque arriesgada y que provocaría una contaminación localizada, sería un mal menor. En cambio, la decisión adoptada por los diferentes niveles políticos supuso que, una vez hundido el Prestige, la contaminación del llamado chapapote se extendiera, gracias a las corrientes y mareas propias de la zona, por más de 2.000 km de costa, tanto gallega, como asturiana, cantábrica, vasca e incluso francesa, provocando el mayor desastre ecológico sufrido en España. Sin embargo, los directivos del Ministerio de Fomento que tomaron estas decisiones, fueron absueltos de cualquier delito.