El 11 de marzo de 2004, en Madrid, se produjeron una serie de ataques terroristas en cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid, llevados a cabo por Al Qaeda y el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, tal como reveló la posterior investigación policial, sentenció la Audiencia Nacional y reiteró el Tribunal Supremo, en los que fallecieron 193 personas y alrededor de dos mil resultaron heridas.
La comisión parlamentaria constituida para investigar las responsabilidades políticas concluyó, entre otras cosas, que el Gobierno de José María Aznar «manipuló» y «tergiversó» la información después de la masacre por interés electoral. El ex ministro del Interior Ángel Acebes fue uno de los protagonistas de dicha manipulación, ya que seguía afirmando que la primera línea de investigación era la de la autoría de ETA, cuando esta línea «pierde peso desde el primer día quedando en mera conjetura», y «calla en sus ruedas de prensa aquellos otros indicios y datos de la investigación que claramente no apuntan a ETA».
La comisión parlamentaria atribuyó esta actuación, no a un error o negligencia, sino al «interés del Gobierno de que ETA esté tras la masacre de Madrid», lo que le lleva a «presionar» al Consejo de Seguridad de la ONU, a que el entonces presidente del Gobierno «llamara personalmente en dos ocasiones a los directores de los principales diarios nacionales» o a que la ex ministra de Exteriores Ana Palacio enviara telegramas a embajadores y cónsules responsabilizando a ETA. El Gobierno del PP articuló una gran mentira sobre la hipótesis de la autoría de ETA, porque le interesaba influenciar a la opinión pública, ante la proximidad de las elecciones del 14 de marzo.