El concepto de «Estados fallidos» comenzó en los años 90, a través de un par de artículos de politólogos estadounidenses, que luego se potenciarían por la misma CIA financiando investigaciones sobre «Estados fallidos», como el de la «State Failure Task Force«. El término se comenzó a aplicar a países donde EEUU tenían algún interés o habían intervenido de alguna forma, como Somalia, Liberia, Etiopía, y otros países, principalmente, africanos .
El concepto no era unívoco (Estado «frágil», «fallido», «colapsado»), ya que Helman y Ratner se referían a Estados que «simplemente son incapades de funcionar como entidades independientes»; mientras Zartman, que utilizada el término «Estados colapsados» se refería a aquellos cuyas «funciones básicas del Estado no se realizan». Los atentados del 11-S supusieron un resurgimiento del concepto de «Estado fallido» para referirse a países como Afganistán, que son refugio de terroristas, comenzando la justificación de la invasión militar .
Otros conceptos similares al de «Estado fallido», y aún más subjetivo e ideologizados, es el de «Estados canallas» (rogue States) y el «eje del mal», inaugurado por el presidente Ronald Reagan en 1985, que se aplica a Estados que no solo no sean «democrático», sino que atentan contra los «valores básicos de la democracia y la libertad», lo que en la práctica resulta en Estados contrarios y peligrosos para la democracia liberal occidental o, más propiamente, los intereses estadounidenses.
Los Estados fallidos no suponen de por sí una amenaza internacional, como lo pueden suponer Estados expansionistas o violadores del Derecho internacional o grupos terroristas. No obstante, al suponer un vacío de poder en un territorio, no ofrecen ninguna forma de control a actividades que se puedan desarrollar allí que sí suponen un peligro. Así, podemos destacar el aumento del tráfico de armas en Siria, las violaciones de los derechos humanos sobre inmigrantes en Libia o el tráfico de drogas en Afganistán.
Progresivamente, a nivel de la ayuda y cooperación internacionales, se fue trasladando el objetivo de la ayuda hacia el «fortalecimiento institucional» conforme a los estándares occidentales (elecciones, parlamento, ley y orden, entrenamiento militar, y, por supuesto, como concluye el informe de la «State Failure Task Force«, la libertad de mercado y el aumento de la inversión extranjera), quedando en un segundo plano la prevención del ciclo del conflicto (peacemaking, peacekeeping y peacebulding). La receta estandarizada que se proporciona para «arreglar» los Estados fallidos, es fortalecer el Estado en los planos de seguridad y la capacidad coercitiva, algo que, por un lado, no se entiende por qué una policía o un ejército modernizado puede contribuir a resolver los problemas económicos que han podido llevar a revueltas y conflictos; y, por otro lado, no es extraño que justamente el fortalecimiento del Estado acabe contribuyendo a que haya más abuso de las autoridades, que frecuentemente han intervenido violentamente, con lo que aumenta el resentimiento de la población o de ciertas facciones. Fortalecer determinados Estados, lejos de contribuir a la paz, contribuye a la inestabilidad y la inseguridad .
No podemos olvidar el sesgo ideológico en el concepto de «Estado fallido», porque, si no hay una guerra civil o incluso violencia generalizada, ¿cómo podemos diferenciar un «Estado fallido» de un «Estado mínimo» como propugnan los anarcocapitalistas? Tampoco hay que olvidar que el hecho de que un país esté en guerra no significa que haya un «Estado fallido»: EEUU, Rusia, Israel o Colombia han librado y libran guerras sin que puedan considerarse «fallidos». ¿Cuáles son los servicios públicos mínimos que debe proporcional un Estado para que no sea «fallido»? Adicionalmente, el hecho de que un Estado no esté modernizado al estilo del Norte global no quiere decir que el Estado no esté desempeñando sus funciones con los recursos de que dispone o que las funciones de seguridad, salud, asistencia, etc., pueden estar provistas por otros actores no estatales: señores feudales, tribus, clanes, autoridades regionales, comunidades, etc. .
Por último, no deja de ser cuanto menos cínico, que los países que en su momento colonizaron África, Latinoamérica, o Asia, que impusieron la institución estatal a las poblaciones indígenas, ignorando o disolviendo las propias instituciones locales y tradicionales de los pueblos colonizados, explotando y empobreciendo aún más a los colonizados durante muchas décadas, ahora se «quejen» de que son «Estados fallidos» plagados de hambrunas, guerras y corrupción.
Los ejemplos de intervenciones militares, basadas incluso en razones humanitarias, que han invadido países y/o derrocado regímenes, han demostrado que es más fácil hacer la guerra que reconstruir los países después de ésta, si es que la guerra acaba, porque se suele transformar en diversos niveles y zonas de conflicto armado, guerra de guerrillas, terrorismo, y crimen organizado. Los casos de Irak y Afganistán son probablemente los más claros: en ambos casos, los EEUU y su coalición no han conseguido la implantación de Estados estables. Afganistán se encuentra en el 9º puesto del Fragile State Index (FSI) de 2021, e Irak en el puesto 20º.
Es más, en los casos en los que un país extranjero ha intervenido en otro para fortalecer sus instituciones estatales, a menudo acaba en regímenes dictatoriales, vulneradores de los derechos humanos y con gran inestabilidad. En el Caribe, a principios del siglo XX, EEUU protagonizó una estrategida de «construcción del Estado» centradas en las fuerzas militares y policiales, sin prestar suficiente atención a los problemas del régimen, de otras instituciones estatales, o del control gubernamental. El resultado fueron dictaduras represivas como Somoza que dominó Nicaragua durante décadas, Duvalier en Haití o Fulgencio Batista en Cuba. La receta centrada en la seguridad y el poder coercitivo para la construcción del Estado, es el más grave peligro del concepto de «Estados fallidos» .