En la Antigüedad y la Edad Media era frecuente que los guerreros fueran premiados con el saqueo y apropiación de cualquier cosa de valor (joyas, monedas, animales, personas) que encontraran en el territorio conquistado, conformando su salario o recompensa. Evidentemente, dadas las penosas condiciones de vida de la gran mayoría de guerreros y sus mandos, no era extraño que la guerra y las correspondientes masacres estuvieran motivadas por el ánimo de obtener riquezas.
Sin embargo, esta práctica no ha acabado con la llegada de los ejércitos profesionales, ya que el capitalismo ha encontrado nuevas formas de conseguir botines de guerra a costa de las vidas humanas. Las guerras de Irak y Afganistán tras el 11-S son un claro ejemplo de esto, ya que el Pentágono, con presupuestos anuales superiores a los de la guerra de Vietnam y la guerra de Corea, ha gastado desde 2001 hasta 2021 unos 14 billones de dólares (14*1012), y unos 10 billones fueron a parar a las arcas de contratistas privados como fabricantes de armas (Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon, y Northrop Grumman), empresas de logística y reconstrucción (Halliburton-KBR, Bechtel), y compañias militares privadas (Blackwater, Dyncorp, CACI, Titan Corp.).
El problema no es sólo la mercantilización de la guerra y la muerte en masa, sino que además en muchos de esos contratos se produjeron sistemáticamente abusos a los derechos humanos (torturas en Abu Ghraib, asesinatos de civiles) y laborales, y, en el plano económico, sobrecostes injustificados, despilfarros, fraudes y malversación del presupuesto público, por valor de entre 31.000 y 60.000 millones de dólares, según estimó la Commission on Wartime Contracting in Iraq and Afghanistan.
La tolerancia a este robo al presupuesto público se debe a que diversos altos cargos gubernamentales formaron parte de los consejos de administración de algunas de estas grandes compañías. El caso más sangrante probablemente fue el del ex-vicepresidente de los EEUU Dick Cheney, que fue director general de Halliburton, pero es que cuatro de los cinco últimos Secretarios de Defensa de los EEUU fueron directores y ejecutivos de alguno de los cinco mayores fabricantes de armas. Estas grandes contratistas de defensa también fueron generosas donantes de las campañas electorales de los respectivos partidos políticos .