Una de las mayores falacias que ha conseguido vendernos el capitalismo es que mercantilizando la contaminación se conseguiría una reducción en dichas emisiones. El principio de «quien contamina paga» fue inicialmente un buen principio del Derecho medioambiental, ya que significa que una empresa que cause daños medioambientales es responsable de los mismos, por lo que debe tomar las medidas preventivas o reparadoras necesarias y sufragar todos los costes relacionados.
El problema es que fácilmente se puede invertir el principio, para que quede como «quien paga tiene derecho a contaminar», es decir, se instaura el derecho a la contaminación, cuyo coste, por supuesto, las empresas lo trasladan al precio que pagan los consumidores para que los beneficios empresariales queden intactos y saludables. Los mercados de los derechos de contaminación generarán un incremento de precios, pero no una reducción de las emisiones contaminantes, que de hecho han aumentado a nivel mundial a un ritmo del 2,2% anual entre el año 2000 y 2010.